Ante los saqueos ¿Es tiempo de hacerse justicia por propia mano?

Por Nacho Núñez

Comerciantes en Veracruz y el Estado de México se han armado con piedras y palos -y armas- para detener a los saqueadores que aniquilarían sus pequeños negocios, que es todo su patrimonio. ¿Qué pasa si hay muertos y enfrentamientos entre civiles? Dicho con todas sus letras: batallas civiles.

– Un sector de la población dirá que ya era justo, que tenía que pasar, que el gobierno es el culpable.
– El gobierno dirá que tengamos paciencia, que la violencia no es el camino, que lo dejen hacer su trabajo -¿Le suena, o no?
– Los partidos políticos culpará al gobierno de los hechos, pero nunca fijarán una postura y ofrecerán una solución inmediata a los hechos. Ojo no se trata de decir que quiten el gasolinazo, se trata de que se pronuncien y digan cómo detendrían de golpe los actos vandálicos.

Ahora, En teoría el gobierno tiene la facultad exclusiva para administrar la violencia, es decir de imponer el orden. ¿Qué pasaría si de pronto el presidente o un gobernador diera la orden de disparar contra las horda de saqueadores, y si, hablamos de disolver manifestaciones, encarcelar a líderes y matar y no solo tirar al aire. (No hay forma humana de dialogar con una multitud enardecida)

– Un sector de la población aplaudirá -por primera vez a un gobierno que respondería a sus obligaciones y no a los costos políticos-.
– Otro grupo condenaría al Estado represor.
– Los Partidos Políticos atacarán al gobierno, llamarán a la desobediencia civil.
– Si entra el Ejército tendrá que fijar una postura que dolería al pueblo.
– (A título personal) La CNDH estaría presente para defender a los delincuentes.

LA EXPERIENCIA RECIENTE

Hace tres años un pequeño grupo de jóvenes en Durango se armó valor y salió a cazar a los miembros del grupo criminal que tenía azorado al pueblo, mataron a los delincuentes y ellos huyeron a la montaña porque ahora ellos eran los criminales.

Eso fueron inicios de “las policías comunitarias”. Los civiles se armaron como un último recurso para defenderse.

Recordará que el gobierno llegó a Michoacán cuando la situación ya estaba podrida, cuando aparecieron las guardias comunitarias se defendían de los grupos criminales “La Familia” y “Los Templarios”. Cuando los hechos llegaron a la opinión pública el gobierno decidió actuar, medio resolvieron, metieron a la cárcel a los que no se alinearon y lo grupos criminales ahí siguen, más discretos, pero ahí están.

DOS REFLEXIONES

PARTIDOS POLÍTICOS

Debemos pedir a los partidos políticos que fijen su postura ante los saqueos, no ante el gasolinazo o las políticas del gobierno en turno. Deben contestar que se debe hacer con los saqueadores, de qué forma debe actuar la policía.

No nos dejemos sorprender por aquellos que suben videos de si mismo proponiendo que lanzarán iniciativas para quitar el impuesto especial a las gasolinas que es del 5% a las gasolinas… Hay que exigir a los políticos su postura y solución ante los hechos de violencia.

Ya ni hablemos del cinismo para despacharse con bonos y aguinaldos millonarios en medio de una crisis seria.

ESTADO FALLIDO

Todo gobierno tiene cuatro facultades exclusivas y el mexicanos hace años las perdió.

1. La administración de la violencia
Es facultad del Estado preservar la paz e imponer el orden. Sin embargo, el narcotráfico y el crimen organizado controlan zonas completas del país, coludidos con autoridades y cuerpos de seguridad.

2. El cobro de impuestos
Otra facultad del gobierno. Los grupos criminales cobran derecho de piso, es decir, un impuesto para evitar ser agredido, robado o molestado por el grupo criminal que gobierna la zona.

3. La emisión del papel moneda
La droga y otros bienes se han convertido en sustitutos del dinero y no es el gobierno quien lo controla.

4. La aplicación de la justicia
El concepto se puede resumir en una sola palabra: impunidad. Menos del uno por ciento de los delitos quedan impunes, sin castigo.

Regresamos a la pregunta postula al principio. ¿Ya es tiempo de hacernos justicia por propia mano? No, nunca es lo deseable, pero por desgracia, están las condiciones y urge a los gobiernos asumir los costos políticos e impopulares que conlleva aplicar la Ley.

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